Biblioteca › Monitor Institucional · La Memoria como Institución — Entrega III de VII
Chile ante el espejo
Las comisiones Rettig y Valech y los límites de la memoria institucional (1990-2026)
Autor: Prof. Juan Carlos Hernández — Abogado e Investigador de CENTRAN.

Resumen
Chile construyó, entre 1990 y 2011, el modelo de comisión de verdad más citado y estudiado de América Latina: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech I y II, 2004 y 2011). Ambas establecieron, con distinto alcance, una verdad oficial sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), sentando las bases de un régimen de reparación sostenido por más de tres décadas. Este artículo reconstruye, en orden cronológico, el origen normativo, el alcance y las cifras de ambas comisiones, así como su continuación institucional en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (2023). El texto cierra con un análisis de la tensión más reciente: la denuncia presentada en 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por organizaciones civiles que alegan un retroceso institucional bajo el nuevo gobierno, y la respuesta oficial del Estado chileno. El caso chileno se examina como referencia comparada para Venezuela, en el marco de la construcción de la futura Comisión Nacional de la Verdad, Justicia, Reparación y Sanación (CNVJRS).
Palabras clave: comisiones de la verdad; justicia transicional; Chile; dictadura militar; memoria histórica; derechos humanos; Venezuela; Comisión Rettig; Comisión Valech; Plan Nacional de Búsqueda; CIDH; CENTRAN
1. Introducción
El 5 de agosto de 2026, en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, el Estado de Chile compareció por primera vez en su historia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por el manejo de su propia política de memoria (Radio Universidad de Chile, 2026, 5 de agosto). Más de ochenta organizaciones de víctimas y de derechos humanos habían solicitado la audiencia para denunciar lo que calificaron como un debilitamiento administrativo de las instituciones construidas, con enorme esfuerzo, desde el retorno a la democracia en 1990. El representante permanente de Chile ante la OEA rechazó las acusaciones (Radio Universidad de Chile, 2026, 5 de agosto). El episodio, ocurrido apenas semanas antes de escribirse estas líneas, no es un incidente aislado: es la más reciente estación de un largo recorrido que Chile inició hace treinta y seis años y que hoy, bajo un nuevo gobierno, vuelve a ponerse a prueba.
Ese recorrido comenzó con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación —conocida como Comisión Rettig— y continuó con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura —Comisión Valech—, dos mecanismos que, juntos, constituyen uno de los casos de estudio más citados en la literatura internacional sobre justicia transicional (Hayner, 2011). Para CENTRAN, que impulsa en Venezuela el primer proyecto de ley orgánica para una Comisión Nacional de la Verdad, Justicia, Reparación y Sanación, el caso chileno ofrece algo más que un antecedente histórico: ofrece una advertencia. La verdad institucional, por sólida que parezca en el momento de su fundación, no queda protegida de manera permanente frente a los cambios de gobierno. Este artículo reconstruye cronológicamente el itinerario chileno desde el golpe de 1973 hasta la audiencia de agosto de 2026 con el propósito de extraer, para el debate venezolano, tanto sus logros como sus fragilidades.
2. El quiebre de 1973 y los años de plomo
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende e instauró una dictadura cívico-militar que se extendería hasta el 11 de marzo de 1990. Durante ese período, agentes del Estado —principalmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) hasta 1977, y luego la Central Nacional de Informaciones— ejecutaron una represión sistemática contra opositores reales o presuntos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, prisión política y tortura (Stern, 2006). A diferencia de otras dictaduras del Cono Sur, el régimen chileno mantuvo una apariencia de institucionalidad jurídica que, paradójicamente, dejó un rastro documental —decretos, actas, expedientes judiciales— que más tarde resultaría decisivo para el trabajo de las comisiones de verdad (Loveman y Lira, 1999). El retorno a la democracia, tras el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, no vino acompañado de una ruptura judicial con el pasado: el Decreto Ley de Amnistía de 1978, aún vigente al momento de la transición, cerraba de hecho la puerta a los tribunales ordinarios como vía de esclarecimiento inmediato. Fue en ese contexto de transición pactada y persecución penal bloqueada que el nuevo gobierno de Patricio Aylwin optó por una vía alternativa: una comisión de verdad.
3. La Comisión Rettig (1990-1992): la primera verdad oficial
El 25 de abril de 1990, apenas mes y medio después de asumir la presidencia, Aylwin firmó el Decreto Supremo N.º 355, que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Presidida por el jurista Raúl Rettig —de ahí el nombre con el que se la conoce popularmente— e integrada por ocho comisionados de distintas sensibilidades políticas, la Comisión recibió el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 (Decreto Supremo N.º 355, 1990). El mandato excluyó deliberadamente los casos de prisión política y tortura que no hubieran derivado en muerte: una limitación que, como se verá, tardaría trece años en subsanarse.
Tras nueve meses de trabajo, la Comisión entregó su informe el 8 de febrero de 1991; el presidente Aylwin lo dio a conocer al país en una alocución televisada el 4 de marzo de ese año, en la que declaró que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 había existido en Chile una situación de violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991). Sobre un universo de más de 3.400 denuncias recibidas, la Comisión calificó 2.296 casos como víctimas de la violencia política, aunque otras fuentes —como la Biblioteca Nacional de Chile— sitúan la cifra en 2.279, una divergencia menor que refleja diferencias entre versiones posteriores del informe (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, s.f.; Biblioteca Nacional de Chile, s.f.).
El Informe Rettig no fue un punto final, sino de partida institucional. La Ley N.º 19.123, promulgada en febrero de 1992, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, encargada de calificar los casos que la Comisión original no había podido resolver por falta de antecedentes; entre 1992 y 1996 esa Corporación agregó 899 casos adicionales, elevando el total acumulado a 3.195 víctimas reconocidas de muerte o desaparición forzada (Ley N.º 19.123, 1992). El aporte más perdurable de la Comisión Rettig, sin embargo, no fue solo cuantitativo: fue haber establecido, con el respaldo del más alto nivel del Estado, una narrativa oficial e inapelable sobre la naturaleza sistemática de la represión, una de las funciones centrales y más difíciles de revertir que la literatura sobre justicia transicional atribuye a una comisión de verdad (Hayner, 2011).
4. Valech I y II (2003-2011): nombrar la tortura
La omisión más señalada del Informe Rettig —la ausencia de las decenas de miles de sobrevivientes de prisión política y tortura— tardó trece años en corregirse. El 11 de noviembre de 2003, el presidente Ricardo Lagos firmó el Decreto Supremo N.º 1.040, que creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el obispo Sergio Valech y conocida desde entonces como Comisión Valech (Decreto Supremo N.º 1.040, 2003). Su mandato difería del de la Comisión Rettig: determinar quiénes habían sufrido privación de libertad y tortura por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, sin exigir que la violación hubiera derivado en muerte.
El informe se entregó el 28 de noviembre de 2004. Sobre la base de los testimonios recibidos, la Comisión calificó a 28.459 víctimas de prisión política, de las cuales el 94 % declaró haber sido objeto de tortura, e identificó 1.132 recintos utilizados como centros de detención en todo el país (Mansilla Santelices y Bernasconi Ramírez, 2023). La Ley N.º 19.992, de diciembre de 2004, estableció pensiones de reparación para las víctimas reconocidas, pero incorporó una disposición controvertida: el secreto de todos los antecedentes recibidos por la Comisión durante 50 años, un plazo mayor a los 30 años que la propia Comisión había recomendado siguiendo la práctica internacional (Ley N.º 19.992, 2004). Esa reserva —vigente hasta 2054— sigue siendo, dos décadas después, objeto de debate entre historiadores y organizaciones de derechos humanos, que la consideran un obstáculo para la investigación judicial de los responsables (Mansilla Santelices y Bernasconi Ramírez, 2023).
Entre 2009 y 2011, la entonces presidenta Michelle Bachelet convocó una segunda instancia de calificación, conocida como Valech II o Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que recibió testimonios entre febrero y agosto de 2010. De 31.831 nuevas solicitudes relativas a prisión política y tortura, calificó 9.795; de 622 solicitudes nuevas sobre detenidos desaparecidos o ejecutados, calificó solo 30 (Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, 2011). Sumadas las tres instancias —Rettig, su Corporación sucesora y ambos Valech—, el Estado chileno reconoció oficialmente a más de 40.000 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, una cifra que la literatura académica describe como una de las más completas alcanzadas por un mecanismo de justicia transicional latinoamericano en su fase de calificación de víctimas (Stern, 2010).
5. La deuda pendiente: el Plan Nacional de Búsqueda (2023-2025)
Pese al volumen de reconocimiento alcanzado por Rettig y Valech, un vacío persistió sin resolverse: el paradero físico de más de mil personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, cuyos restos nunca fueron hallados ni restituidos a sus familias. A finales de agosto de 2023, días antes de cumplirse el cincuentenario del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto que dio origen al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, una política de Estado orientada específicamente a reconstruir la trayectoria de cada víctima de desaparición forzada hasta determinar su destino final (Gobierno de Chile, 2023).
El 10 de diciembre de 2025 —Día Internacional de los Derechos Humanos—, el Plan entregó al presidente Boric su primer informe bienal. El documento consolidó, por primera vez en un sitio estatal, una nómina oficial de 1.469 víctimas de desaparición forzada o ejecución política sin entrega de cuerpo —1.092 detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas políticas—, de las cuales 307 habían sido identificadas gracias a procesos judiciales concluidos con responsabilidades penales establecidas (Gobierno de Chile, 2023; Radio Universidad de Chile, 2025, 10 de diciembre). El informe reveló también que, de las 46 actividades comprometidas dentro del Plan, solo el 26 % se había cumplido hasta octubre de 2025, mientras el 72 % permanecía en curso (Archivo Nacional de Chile, 2025). El Plan representó, en suma, la confirmación tardía —treinta y tres años después del Informe Rettig— de que la obligación estatal de buscar a los desaparecidos no prescribe con el paso del tiempo ni se agota en el reconocimiento simbólico de las comisiones anteriores.
6. 2025-2026: la memoria institucional puesta a prueba
Cuatro días después de la entrega de ese informe bienal, el 14 de diciembre de 2025, Chile eligió como presidente a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien obtuvo el 58,2 % de los votos en la segunda vuelta frente a Jeannette Jara (BioBioChile, 2025, 14 de diciembre). Kast asumió el cargo en marzo de 2026, en el traspaso de mando habitual del calendario constitucional chileno.
En los meses siguientes, organizaciones de derechos humanos y de trabajadores del Estado agrupadas en más de ochenta entidades, entre ellas la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el espacio de memoria Londres 38 denunciaron una serie de medidas administrativas que, a su juicio, debilitaban las políticas de verdad, justicia, memoria y reparación construidas desde 1990: recortes presupuestarios a programas especializados, cambios en la gestión de sitios de memoria y, según un correo interno filtrado a la prensa en abril de 2026, instrucciones dirigidas a la dirección del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia para no apelar en determinadas causas judiciales en etapa de cumplimiento —versión que el ministro de Justicia negó públicamente— (BioBioChile, 2026, 28 de julio).
Estas denuncias derivaron en un hecho sin precedentes: el 5 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la primera audiencia temática de su historia dedicada a examinar las políticas de derechos humanos de un gobierno chileno en ejercicio. El Estado, representado por su misión ante la OEA, rechazó las acusaciones de desmantelamiento institucional; la CIDH, por su parte, solicitó al Ejecutivo información detallada sobre el Plan Nacional de Búsqueda, los criterios técnicos empleados en las reorganizaciones administrativas y los ajustes presupuestarios (Radio Universidad de Chile, 2026, 5 de agosto). Al cierre de este artículo, el resultado de ese requerimiento seguía pendiente.
Las políticas de verdad, justicia y reparación deben tener continuidad institucional y trascender a los gobiernos de turno.
7. Conclusión: lo que Chile enseña —y advierte— a Venezuela
El itinerario chileno de Rettig a Valech, del Plan Nacional de Búsqueda a la audiencia ante la CIDH ofrece dos lecciones difícilmente disociables. La primera es de método: ningún mecanismo aislado agota la tarea de la verdad. Chile necesitó tres comisiones sucesivas, dos leyes de reparación y, más de tres décadas después, una política de búsqueda específica para acercarse —todavía sin completarlo— al reconocimiento pleno de sus víctimas. La segunda lección es de fragilidad institucional: ni el prestigio internacional del Informe Rettig ni el rigor documental del Informe Valech blindaron a estas políticas de un examen ante instancias internacionales treinta y seis años después de su primera comisión.
Para Venezuela, que hoy discute el proyecto de Ley Orgánica que crearía la Comisión Nacional de la Verdad, Justicia, Reparación y Sanación —iniciativa en la que CENTRAN ha tenido un rol pionero—, el caso chileno no debe leerse como un modelo cerrado, sino como un proceso vivo cuyas tensiones actuales son, en sí mismas, una fuente de aprendizaje: la verdad institucional requiere, además de una arquitectura jurídica sólida en su fundación, garantías de continuidad que trasciendan la alternancia política. Sin ellas, como advierte hoy la propia CIDH respecto de Chile, la memoria corre el riesgo de convertirse en una institución permanentemente provisional.
Referencias bibliográficas
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- Stern, S. J. (2010). Reckoning with Pinochet: The memory question in democratic Chile, 1989-2006. Duke University Press.
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Cómo citar este documento
Hernández, J. C. (2026, 13 de septiembre). Chile ante el espejo. Las comisiones Rettig y Valech y los límites de la memoria institucional (1990-2026). La Memoria como Institución, Entrega III de VII. CENTRAN. https://centranve.org/biblioteca/monitor-institucional/chile-rettig-valech