Biblioteca › Monitor Institucional · La Memoria como Institución — Entrega IV de VII

Sudáfrica: la verdad a cambio del perdón

Y la factura que llegó treinta años después

Autor: Prof. Juan Carlos Hernández — Abogado e Investigador de CENTRAN.

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Ilustración editorial sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica
Imagen ilustrativa — Entrega IV de la serie La Memoria como Institución. CENTRAN.

Resumen

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica (1996–1998), presidida por el arzobispo Desmond Tutu, estableció el modelo de amnistía condicionada a la verdad. Treinta años después, la factura de sus límites sigue pendiente: los casos remitidos por la comisión se acumularon sin juicio y en 2025 se creó una comisión judicial para investigar la interferencia política. El estudio contrasta ese trueque con los artículos 29, 30 y 271 de la Constitución venezolana y sostiene que una ley de la verdad debe garantizar un destino judicial obligatorio para lo documentado.

Palabras clave: Sudáfrica; Comisión de la Verdad y la Reconciliación; TRC; Desmond Tutu; amnistía; justicia transicional; Venezuela; CRBV artículo 29; CENTRAN

El 31 de agosto de 2026, el mismo día en que Foro Penal cerraba el corte de su balance mensual de presos políticos en Venezuela, la Corte Constitucional de Sudáfrica resolvía en Johannesburgo un asunto que, en apariencia, pertenecía a otro siglo: si dos expresidentes, Thabo Mbeki y Jacob Zuma, podían apartar a la jueza que preside la comisión judicial encargada de averiguar por qué los crímenes del apartheid, documentados hace casi tres décadas, nunca llegaron a juicio. La Corte, por mayoría y con votos disidentes, dijo que no. La jueza se queda, y la comisión, que debe concluir en diciembre, sigue su curso. La escena merece la atención de todo venezolano que hoy se pregunta qué hacer con la verdad, porque Sudáfrica, el país que el mundo convirtió en modelo de reconciliación, todavía está pagando la factura de una promesa que cumplió a medias.

La historia comenzó con un pacto sin vencedores absolutos. Cuando el régimen del apartheid y el Congreso Nacional Africano negociaron la transición, a comienzos de los noventa, ninguno podía imponerle al otro la justicia de Núremberg. El compromiso quedó escrito en el epílogo de la Constitución interina de 1993, un texto que conviene citar porque es norma y no discurso: el país debía atender sus heridas con «comprensión, pero no venganza», con «reparación, pero no represalia», con «ubuntu, pero no victimización». La misma cláusula ordenaba conceder amnistía por los actos asociados a objetivos políticos. De ese mandato nació la Ley de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, Ley 34 de 1995, que creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad del Cabo, presidida por el arzobispo anglicano Desmond Tutu y competente para examinar las violaciones graves de derechos humanos cometidas entre la masacre de Sharpeville, en marzo de 1960, y la investidura de Nelson Mandela, en mayo de 1994.

La TRC se organizó en tres comités, de violaciones de derechos humanos, de amnistía y de reparación y rehabilitación, y tomó una decisión que la distinguió de sus antecesoras latinoamericanas: escuchar en público. Si la Comisión Rettig había trabajado en silencio, Tutu abrió las puertas y encendió las cámaras. La primera audiencia se celebró en East London, en abril de 1996, y en ella comparecieron los familiares de los llamados Cuatro de Cradock, Matthew Goniwe, Fort Calata, Sparrow Mkonto y Sicelo Mhlauli, activistas secuestrados y asesinados por la policía de seguridad en junio de 1985. Según el Departamento de Justicia sudafricano, la comisión celebró más de 2.500 audiencias y escuchó a unas 21.000 víctimas, 2.000 de ellas en sesiones públicas. Durante casi tres años, un país entero cenó frente al televisor escuchando lo que durante décadas había preferido no saber.

El corazón del modelo, y también su herida, fue la amnistía. No se trataba de un perdón general, como el que la dictadura chilena se había concedido a sí misma mediante el Decreto Ley 2.191 de 1978, sino de un trueque individual: el perpetrador que confesara toda la verdad sobre un crimen de motivación política podía quedar libre de responsabilidad penal y civil. Verdad a cambio de perdón, caso por caso. La fórmula fue impugnada de inmediato, y no por cualquiera: entre los demandantes figuraban la Organización del Pueblo Azanio (AZAPO) y la viuda de Steve Biko, el líder de la Conciencia Negra muerto bajo custodia policial en 1977. El 25 de julio de 1996, en la sentencia AZAPO contra el Presidente de la República (CCT 17/96), la Corte Constitucional validó la amnistía, al considerar que se trataba del precio constitucionalmente pactado de una transición pacífica y que, sin ella, buena parte de la verdad que solo los perpetradores conocían nunca habría salido a la luz.

Sudáfrica demostró que la verdad puede conquistarse sin venganza. También demostró que, sin una justicia que la siga, la verdad termina convertida en expediente archivado. Los números cuentan la otra mitad de la historia. El Comité de Amnistía recibió 7.112 solicitudes; concedió 849 y rechazó 5.392. El informe final, en cinco volúmenes, fue entregado por Tutu a Mandela el 29 de octubre de 1998, y los dos últimos tomos llegarían en 2003. En él, la comisión identificó responsables y recomendó considerar el enjuiciamiento de quienes no hubieran obtenido amnistía. Las reparaciones corrieron peor suerte: la TRC había propuesto pagos anuales durante seis años, pero el 15 de abril de 2003 el presidente Mbeki anunció ante el Parlamento un pago único de 30.000 rands por víctima, cifra que las organizaciones de sobrevivientes recibieron como una afrenta. En esa misma sesión, Mbeki descartó una amnistía general y dejó los casos pendientes en manos de la Fiscalía Nacional.

Ahí comenzó el silencio. Los perpetradores a quienes se negó la amnistía, y los muchos que ni siquiera la solicitaron, debían enfrentar a la justicia ordinaria. En su gran mayoría, nunca lo hicieron. Los casos remitidos por la comisión se acumularon en los archivos durante dos décadas, hasta que en enero de 2025 veinticinco familias y sobrevivientes, entre ellos los deudos de los Cuatro de Cradock, con Lukhanyo Calata, hijo de Fort Calata, al frente, demandaron al Estado ante el Tribunal Superior de Pretoria. Como parte de un acuerdo para cerrar ese litigio, el presidente Cyril Ramaphosa creó en mayo de 2025 una comisión judicial, presidida por la exmagistrada Sisi Khampepe, para determinar si hubo interferencia política en la persecución de esos crímenes. Ante ella se ha discutido un memorándum desclasificado del último gabinete del apartheid que, según la prensa sudafricana, alude a un compromiso de inmunidad previo a las elecciones de 1994; los expresidentes Mbeki y Zuma niegan cualquier interferencia, y será la comisión la que se pronuncie. Treinta años después de la primera audiencia, los hijos de Cradock siguen testificando. Ya no contra sus verdugos, sino contra la demora de su propio Estado democrático.

La advertencia para Venezuela es precisa y tiene fundamento constitucional. El trueque sudafricano, verdad a cambio de amnistía para crímenes atroces, no es trasladable a nuestro ordenamiento. El artículo 29 de la Constitución de 1999 obliga al Estado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, declara imprescriptibles las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra, y los excluye de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, «incluidos el indulto y la amnistía». La propia Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada en la Gaceta Oficial N.° 6.990 Extraordinario del 19 de febrero de 2026, reproduce esa exclusión en su artículo 9. El artículo 30 constitucional impone al Estado el deber de indemnizar integralmente a las víctimas, y el 271 cierra la puerta a la prescripción de las acciones judiciales contra estos delitos. Venezuela, pues, no necesita copiar la amnistía sudafricana. Necesita evitar su segundo error, el que no figura en ninguna ley: una comisión que documenta, identifica responsables y remite expedientes a una fiscalía que después, por cálculo político o por simple inercia, decide no leerlos.

Por eso las garantías constitucionales no bastan si quedan libradas a la buena voluntad del gobierno de turno. Una ley de la verdad digna de ese nombre debe asegurar que lo documentado tenga un destino judicial obligatorio, con plazos, con participación de las víctimas y con rendición de cuentas de quienes estén llamados a actuar. Esa es la vara con la que habrá de medirse el proyecto de Ley Orgánica de la Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Sanación (CNVJRS), cuya redacción pionera emprendió CENTRAN. La deuda no es abstracta: según el balance de Foro Penal con corte al 14 de septiembre de 2026, 344 venezolanos permanecen presos por razones políticas, y la misma organización ha documentado 19.210 detenciones con fines políticos desde 2014. Cada uno de esos expedientes merece algo más que una audiencia conmovedora: merece un fiscal que no espere treinta años. Sudáfrica tuvo a Tutu y tuvo la verdad; le faltó quien terminara el trabajo. Que a Venezuela no le falte.

Fuentes y referencias

  • Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993 (Constitución interina) — epílogo «National Unity and Reconciliation».
  • Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995 — República de Sudáfrica.
  • Corte Constitucional de Sudáfrica, Azanian Peoples Organisation (AZAPO) and Others v. President of the Republic of South Africa, CCT 17/96, sentencia del 25/07/1996, 1996 (4) SA 671 (CC).
  • Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, vols. 1-5 (1998) y 6-7 (2003) — Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional de Sudáfrica. justice.gov.za/trc
  • Discurso del presidente Thabo Mbeki ante la sesión conjunta del Parlamento sobre el informe final de la TRC (15/04/2003).
  • Presidencia de la República de Sudáfrica — establecimiento de la Comisión de Investigación sobre la demora en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de la TRC (mayo de 2025). thepresidency.gov.za
  • Daily Maverick (31/08/2026) — sentencia de la Corte Constitucional que desestima la recusación de la jueza Sisi Khampepe.
  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 29, 30 y 271.
  • Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial N.° 6.990 Extraordinario (19/02/2026), artículo 9.
  • Foro Penal — Balance de Presos Políticos en Venezuela (corte al 14/09/2026) y registro histórico de detenciones con fines políticos desde 2014. foropenal.com
  • A. Boraine, A Country Unmasked: Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission (Oxford University Press, 2000).
  • P. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions (Routledge) — referencia teórica general sobre el modelo comparado.

Serie «La Memoria como Institución»

Cómo citar este documento

Hernández, J. C. (2026, 24 de septiembre). Sudáfrica: la verdad a cambio del perdón. Y la factura que llegó treinta años después. La Memoria como Institución, Entrega IV de VII. CENTRAN. https://centranve.org/biblioteca/monitor-institucional/sudafrica-verdad-perdon

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